Philadelphia, PA. Mayo 4 2026 .- HARRISBURG, PA – En una jornada decisiva para la seguridad de las familias en Pensilvania, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes dio luz verde este lunes a un paquete de proyectos de ley que buscan cerrar las grietas legales que hoy dejan vulnerables a víctimas de tráfico humano y abuso infantil.

Las medidas, lideradas por el representante Tim Briggs, no solo buscan castigar con más fuerza a los agresores, sino que proponen un cambio humano: dejar de criminalizar a los menores que, bajo coacción o trauma, se ven obligados a cometer delitos por sus propios abusadores.

«Las votaciones de hoy reflejan un compromiso con la protección de los habitantes vulnerables… garantizando que nuestro sistema de justicia responda con responsabilidad y compasión», afirmó Briggs.

Castigos más severos contra la explotación

Uno de los puntos más críticos para nuestra comunidad es el Proyecto de Ley 910, que elevaría el tráfico de bebés a un delito grave de primer grado. Esta medida busca asegurar que quienes explotan a los más pequeños enfrenten las penas más altas permitidas por la ley.

Por otro lado, la HB 2243 ofrece un respiro a los menores víctimas de trata, prohibiendo que sean procesados por delitos no violentos o cargos relacionados con la prostitución que fueron obligados a realizar durante su explotación.

Justicia frente a la era digital: Deepfakes e imágenes íntimas

La seguridad en internet es una preocupación creciente para los padres latinos. Entre los proyectos aprobados destaca la obligatoriedad para que escuelas denuncien de inmediato imágenes «deepfake» (fotos falsas creadas con IA) de menores.

Asimismo, se busca modernizar la ley contra la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, ampliando la protección a víctimas atacadas por extraños y no solo por exparejas, como exigía la ley actual.

Un fondo para la recuperación de los niños

Para asegurar que las víctimas tengan el apoyo necesario, se propuso la creación de un Fondo de Recuperación para Víctimas Infantiles. Este se financiaría con las multas de los propios delincuentes para fortalecer los Centros de Defensa Infantil, garantizando atención médica y terapias especializadas para el trauma en todo el estado.